Ley de vacunación, una herramienta para combatir el negacionismo
Reglamentada de manera reciente, la normativa reafirma la gratuidad y obligatoriedad de las vacunas y responsabiliza al Poder Ejecutivo de su cumplimiento.
De manera reciente, mediante el decreto 439/2023, el gobierno nacional reglamentó la Ley de Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación, una normativa que reafirma la vacunación como una política de Estado al ratificar que las inyecciones son gratuitas y obligatorias y establece la prevalencia de la salud pública por sobre el interés particular. También, adjudica al ministerio de Salud de la Nación la responsabilidad de adquirir los insumos necesarios para el efectivo cumplimiento de este procedimiento y proveerlos a las 24 provincias. Según fuentes oficiales, el Estado destina $1.017.198 para solventar los gastos que representan el total de inyecciones que una persona debe darse a lo largo de su vida, de acuerdo al calendario vigente.
En un contexto electoral en el que algunos candidatos desprestigian y cuestionan la labor científica, sanitaria y tecnológica, esta ley respalda algunos principios en torno a la vacunación. En diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes, Ignacio Maglio, miembro de la Sociedad Argentina de Vacunación y Epidemiología, detalla: “El punto más importante es que prioriza la salud colectiva de la población por encima del interés particular de cada individuo. Frente a esto, ningún candidato va a poder plantear que la vacunación queda reservada al ámbito de la libertad individual. A partir de ahora, es un bien social y nos permite esfumar cualquier intento negacionista”. Lo cual cobra más importancia aún si se piensa en que la sociedad atravesó una pandemia de la que logró salir gracias a la vacunación de su población.
Además, la nueva ley 27.491, aprobada en 2018, declara a la vacunación como de interés nacional, “entendiéndose por tal a la investigación, vigilancia epidemiológica, toma de decisiones basadas en la evidencia, adquisición, almacenamiento, distribución, provisión de vacunas, asegurando la cadena de frío, como así también su producción y las medidas tendientes a fomentar la vacunación en la población y fortalecer la vigilancia de la seguridad de las vacunas”, describe la normativa.
“Hasta el momento legislaba una ley de la dictadura en la que ya estaba prevista la gratuidad y obligatoriedad de las vacunas. La nueva normativa plantea también que es responsabilidad del Poder Ejecutivo reservar una partida presupuestaria todos los años para asegurar la cobertura nacional de vacunación”, cuenta Maglio. La ley anterior establecía en su 3° artículo que la autoridad sanitaria nacional solo “concertará acuerdos con las de aquellas jurisdicciones del país que soliciten su colaboración a efectos de proporcionarles asesoramiento técnico o recursos para el mejor cumplimiento de esta ley”.
Asimismo, establece que las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación son obligatorias para todas las personas que trabajen en el área de la salud, tengan contacto con pacientes y para aquellos que realicen tareas en laboratorios, incluso sean establecimientos privados o públicos.
También, la ley crea el Registro Nacional de la Población Vacunada Digital en el que se deben asentar los datos del estado de vacunación de cada habitante; el Registro Nacional de Vacunadores Eventuales destinado a dar “respuesta oportuna y de calidad ante situaciones excepcionales como campañas de vacunación masiva, vacunación de bloqueo ante brotes y acciones intensivas o extramuros en los casos en los que no se cuente con suficiente recurso humano disponible”; la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONAIN) que brindará asesoramiento en torno a las estrategias de control, eliminación y erradicación de enfermedades inmunoprevenibles y la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (Conaseva) como organismo de asesoramiento para “fortalecer un sistema de vigilancia de la seguridad de los inmunobiológicos utilizados”. Del mismo modo, establece el día 26 de agosto de cada año como Día Nacional del Vacunador/a.
En suma, la ley apunta a regular y robustecer la política pública que brinda acceso gratuito a los sistemas de vacunación y cuidar la salud poblacional por encima de algunos intereses individuales
