Las estrategias de las universidades públicas para hacer frente al recorte presupuestario
Declaraciones de emergencia, ahorro de electricidad y suspensión de diversas actividades se combinan con ruidazos, abrazos, clases públicas y publicaciones en redes sociales.
Las universidades públicas afrontan una situación delicada ya que el gobierno nacional decidió prorrogar el presupuesto de 2023 con una inflación que ronda el 300 por ciento desde enero del año pasado hasta marzo de 2024. Frente a esta realidad, las instituciones buscan diferentes alternativas entre la supervivencia y la denuncia de las consecuencias. Por ahora, el subsecretario de Políticas Universitarias afirmó en la última reunión del Consejo Interuniversitario Nacional que otorgarán el 70 por ciento de aumento para gastos de funcionamiento, que representan solo un porcentaje pequeño del total de gastos que tiene cualquier Casa de Altos Estudios (la mayoría corresponde a salarios). En este marco, la comunidad educativa junto a otros sectores de la sociedad preparan una Marcha Federal Universitaria que se llevará a cabo el 23 de abril y se espera que sea multitudinaria.
Desde todo el territorio nacional, todas las universidades afrontan el ajuste como pueden. A fines de febrero, la Universidad Nacional de Misiones declaró la emergencia presupuestaria, algo que también hicieron otras instituciones como Quilmes, General Sarmiento, Cuyo, Río Negro, Patagonia y Chilecito. A principios de abril, la Universidad Nacional del Comahue entró en cesación de pagos por los montos elevados en las facturas gas y electricidad.
Incluso la UBA (que forma parte del ranking de las mejores universidades del mundo) implementó medidas para afrontar la situación de emergencia: reducir el uso del aire acondicionado, disminuir el consumo del gas y la electricidad, y paralizar las convocatorias para programas de investigación y extensión.
Cabe destacar que los presupuestos universitarios no solo se circunscriben a las diferentes sedes donde se enseña y se aprende, sino que muchos centros de salud y educación secundaria, por mencionar dos ejemplos, dependen de las instituciones de educación superior.
En las aulas, en las calles y en las redes
Ante este panorama, las universidades, sus estudiantes y sus trabajadores se organizan de diferentes maneras. Por ejemplo, el miércoles por la tarde se debatió la realidad presupuestaria de la Universidad Nacional del Litoral en la Facultad de Ciencias Económicas. Allí, la comunidad educativa abordó cómo se ve afectado el funcionamiento de la UNL y sus consecuencias.
En Tierra del Fuego, bajo la consigna “porque la educación es un derecho del pueblo y no una mercancía para pocos”, diversos actores celebraron una asamblea interclaustro, intersindical y abierta a la comunidad para organizar la movilización del 23 de marzo. Al igual que en el sur del país, las reuniones se multiplican en los pasillos de todas las universidades públicas argentinas.
También, muchos docentes y estudiantes optaron por salir a la calle. En Avellaneda y Quilmes, por ejemplo, se realizaron diferentes clases públicas cerca de los centros comerciales, las estaciones de tren y las sedes de la UNDAV y la UNQ.
El nuevo paisaje de los edificios universitarios consiste en afiches, folletos y pintadas que denuncian las consecuencias del ajuste y convocan a formar parte de las protestas. Sin embargo, las acciones no quedan solo en la presencialidad sino que se combinan con internet y las redes sociales. Las estrategias van desde grupos de Whatsapp de información, debate y pasos a seguir en esta coyuntura hasta videos oficiales a través de Instagram, X y TikTok.
Mediante hashtag como #YoSoyLaUniversidad y #YoDefiendoLaEducación, con plantillas en Instagram de “subí tu foto en la universidad pública” y nuevas cuentas como defensa.unco y juntxs.xunq, por nombrar solo dos, las universidades y buena parte de las personas que la componen se organizan para revertir la situación. El objetivo es simple: tener un presupuesto acorde a los tiempos que corren para al menos sostener las actividades de docencia, investigación y extensión, y que se valore el rol social, político, económico y cultural que cumplen estas instituciones.
