Las universidades tienen su Ley de Financiamiento, ¿qué sigue ahora?

Con 58 votos a favor y 7 en contra, le ganaron la pulseada al gobierno, que debe promulgar la normativa. Aún así, el panorama es de incertidumbre.

Marcha en defensa de la educación pública. Créditos: Sudoeste BA.

Con el antecedente de Diputados, la Cámara del Senado rechazó el veto de Javier Milei al financiamiento universitario. Esta ley busca recuperar el poder adquisitivo, desactualizado desde 2023, e igualar los sueldos docentes y no docentes con la inflación. Además, asegura los gastos de funcionamiento y las becas para estudiantes. A su vez, la Cámara Alta también rechazó el veto a la Ley de Emergencia Pediátrica que afecta directamente al Hospital Garrahan. Teniendo en cuenta que el presidente suspendió la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad a pesar de la decisión del Congreso, se abre el interrogante de si sucederá lo mismo con las universidades.

“Pedimos al Presidente de la Nación que promulgue la Ley sin más dilaciones, de manera de responder a los problemas estructurales más urgentes que atravesamos. Si no lo hace, y corremos la misma suerte que lo decidido para discapacidad, evaluaremos luego de lo que haga el Ejecutivo las acciones que realizaremos desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)”, afirma Franco Bartolacci, vicepresidente del CIN, a la Agencia de Noticias Científicas de la UNQ.

El Senado rechazó el veto a las universidades con 58 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones. El antecedente directo fue la Cámara de Diputados donde la oposición logró 174 votos a favor, 67 en contra y 2 abstenciones, acompañados de una marcha federal en defensa de la educación y la salud pública. Si bien esto representa una bocanada de esperanza para las universidades que están con salarios muy por debajo de la inflación, obras paralizadas, becas disminuidas y la menor inversión en los últimos 20 años, el panorama es de incertidumbre.

Así como el Congreso rechazó estos vetos, también hizo lo mismo con la Ley de Emergencia en Discapacidad y el gobierno tuvo que promulgarla. Sin embargo, el Ejecutivo suspendió su aplicación hasta que el Poder Legislativo defina cómo se financiarán los gastos y contemple las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional. El miedo que hay en las universidades y también en los hospitales pediátricos es que esta vez ocurra lo mismo: hay ley pero, ¿habrá ejecución?

“En cualquier caso, tener ratificación por parte del Congreso implica al menos tres cosas, todas positivas. En primer lugar, un reconocimiento a los planteos de las comunidades científicas y universitarias y una respuesta, lo que es importante también desde el punto de vista simbólico. En segundo lugar, tenemos un instrumento legal para exigir la actualización de presupuesto y salarios que se precisa”, enumera el también rector de la Universidad Nacional de Rosario a la Agencia.

Y continúa: “En tercer lugar, la ley sienta una base sustancialmente distinta a la del Ejecutivo para discutir el presupuesto 2026 y en adelante. Esto es lo más importante porque repara hacia atrás pero, sobre todo, genera un piso muy distinto hacia adelante”.

La nueva norma universitaria busca recomponer los salarios, actualizar los gastos de funcionamiento y ampliar el monto y la cantidad de becas. Asimismo, estipula un crecimiento en la inversión del PBI para el sector hasta alcanzar el 1,5 por ciento en 2031 y crea un fondo destinado a carreras estratégicas vinculadas a la aplicación de la inteligencia artificial y el desarrollo de Argentina.

A la vez, para contrarrestar el argumento oficialista sobre la desestabilización fiscal, esta Ley no representa un “gasto extra”, sino que se sustenta con fondos de coparticipación federal (dinero que proviene de impuestos) y que le corresponden a la Nación. Por lo tanto, no afecta las cuentas del Estado ni el equilibrio fiscal.