Diputados dio media sanción a la Ley de emergencia en ciencia y tecnología

El proyecto apunta a recomponer el financiamiento del sector y le pone un freno a las privatizaciones que impulsa el gobierno nacional.

Resultado de la votación en el Congreso. Créditos: @DiputadosAR

El proyecto de Ley de Emergencia y Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Aunque los representantes del gobierno nacional y los sectores afines se retiraron de la sesión, no pudieron evitar el quorum. En este sentido, la votación terminó con 132 votos positivos, sin negativos ni abstenciones. Entre otros ejes, el proyecto apunta a recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores del sector, a restituir los fondos recortados y a cumplir con el financiamiento pactado por la Ley 27.614 (que estipulaba una inversión del 0,45 por ciento del PBI para este año, pero que se estima en 0,15 por ciento). A su vez, garantiza la continuidad de las becas y las investigaciones en curso, refuerza la federalización de la inversión científica y preserva las capacidades nacionales. Además del desfinanciamiento, la aprobación parcial de esta iniciativa se da en el marco de la posible privatización del 44 por ciento de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), la empresa que opera las tres centrales nucleares del país.

“Vemos como algo positivo que exista una toma de conciencia y un llamado a atención. La media sanción es importante no solo porque estamos discutiendo cómo será el presupuesto de 2026, sino también porque que la financiación de la ciencia está presente de cara al próximo proceso electoral. La ciencia tiene un montón de aportes para hacer al desarrollo del país y al bienestar de nuestra sociedad, y el desfinanciamiento va en el sentido contrario”, señala Martín Rumbo, investigador del Conicet y miembro de la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología de Argentina (Raicyt), en diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes.

El nuevo proyecto no solo exige el cumplimiento de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación promulgada en 2021 (que preveía una inversión del 0,45 por ciento del PBI para 2025) y del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. También, la normativa estipula la actualización de los ingresos de todo el personal con un monto que debe ser igual o superior a la inflación que midió el Indec desde diciembre de 2023. Asimismo, la otra novedad es que declara como bienes públicos estratégicos para el desarrollo científico y tecnológico nacional a las empresas y sociedades del Estado que integran el sector nuclear, de telecomunicaciones, aeroespacial y de industria para la defensa.

“Cualquier proyecto de privatización total o parcial de estos bienes estratégicos requerirá una ley especial sancionada por el Honorable Congreso de la Nación, no siendo aplicables a las mismas ninguna legislación preexistente”, dice el documento en su artículo 9. Por lo pronto, la iniciativa ahora pasará al Senado, quien definirá si la Emergencia y el Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación se transforma en Ley. Al igual que pasó con el Financiamiento Universitario, se estima que tendrá los votos necesarios.

La media sanción se da en el marco del cientificidio que impulsa el gobierno nacional desde diciembre de 2023. En este sentido, el Ejecutivo no solo incumple la ley vigente sobre el financiamiento para el sector, que indica una inversión del 0,45 por ciento del PBI para 2025 –pero que será 0,15 por ciento y se convertirá en la cifra más baja desde el regreso de la democracia–, sino que interrumpe las líneas de investigación, desarma los equipos de trabajo, abandona los desarrollos avanzados y busca rematar el patrimonio para conseguir dólares.

“Esto se traduce en un achicamiento del sector, los científicos emigran al exterior o se van a la actividad privada. Hay talentos que tardaron años en formarse y hoy se están yendo a otros lugares. A su vez, muchos proyectos están parados o funcionan con muy baja intensidad, lo cual también alimenta un poco el desánimo del sector”, explica Rumbo.

Uno de los impulsores del proyecto fue Daniel Gollán, exministro de Salud y actual diputado, quien encabeza junto a otros miembros del Legislativo las iniciativas vinculadas al sector. De hecho, en las últimas semanas se reunió con trabajadores del INTA, con miembros de la Raicyt y de la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología, visitó las instalaciones del Instituto Nacional del Agua que el gobierno nacional quiere poner en venta, y visitó las oficinas del Banco Interamericano de Desarrollo para reclamar por los millones de dólares que destinan para el sector y que el Ejecutivo no quiere decir en dónde están.