El cierre de las oficinas de Enacom y su impacto en el derecho a la comunicación
La medida coincide con la desregulación de los precios de internet, telefonía y televisión por cable. Usuarios sin posibilidad de reclamar y comunidades sin posibilidad de expresarse.
Casi en simultáneo, el gobierno tomó dos medidas que impactan en el acceso a la información y la comunicación. Por un lado, dispuso el cierre de todas las oficinas que tiene el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo cual significó el despido de más de 350 personas. El argumento oficial fue que la realización de trámites a distancia disminuyó la labor de las dependencias. Por otro lado, mediante Boletín Oficial, el Ejecutivo confirmó la derogación del DNU que controlaba las tarifas de cable, internet y celular, tarea que tenía asignada el Enacom. “Los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”, dice el nuevo artículo.
Para conocer cómo impactan estas políticas en términos concretos, la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes dialogó con Diego Jaimes, trabajador despedido del Enacom en la sede de la capital de Río Negro. “Con el cierre de las oficinas de Enacom perdemos el acceso al derecho a reclamar y defenderse frente al aumento desmedido de una tarifa. Internet y las telecomunicaciones se consideran un servicio esencial, ya no son algo accesorio ni un bien de lujo, sino que lo necesitamos para todos los ámbitos de nuestra vida, ya sea trámites, turnos, trabajos y educación. Quedaríamos totalmente desprotegidos de poder reclamar cuando no podemos acceder de una manera que sea democrática y cercana a la economía de cualquier familia”, afirma.
Usuarios a la deriva
La creación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) fue una de las primeras medidas tomadas por el gobierno de Cambiemos en diciembre de 2015 a través de un decreto. El objetivo fue disolver la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación (Afsca), organismo que nació gracias a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocida como Ley de Medios. A su vez, el Enacom absorbió a la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic). En este sentido, el nuevo Ente estableció su rol como regulador de las comunicaciones con el fin de asegurar que todos los usuarios del país cuenten con servicios de calidad.
Según su página web, el objetivo del Enacom es “conducir el proceso de convergencia tecnológica y crear condiciones estables de mercado para garantizar el acceso de todos los argentinos a los servicios de internet, telefonía fija y móvil, radio, postales y televisión”.
En este sentido, como cualquier otro organismo, el Ente funciona como un regulador entre el mercado y los usuarios: balancea la competencia entre los distintos actores del mercado, resguarda la debida defensa de los usuarios, fomenta la prestación de servicios con altos estándares de calidad y garantiza que la pluralidad de voces y los beneficios de la sociedad de la información “estén disponibles para todos los que habitan el territorio nacional, en especial a los que viven en zonas rurales, extremas y de bajos ingresos”.
“Con la desregulación de las tarifas de telecomunicaciones, el gobierno no puede fijar un tope en el aumento de los servicios y lo libera a la decisión de los empresarios y las corporaciones. Entonces, los usuarios de internet, telefonía y televisión por cable no pueden reclamar y no tienen ninguna posibilidad de defensa frente al abuso porque ya no es el gobierno el que cumple el rol de defenderlos y ni siquiera hay oficinas donde reclamar fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Justamente, las oficinas del ENACOM se ocupaban de recibir a esa gente como si fuera una oficina de defensa del consumidor”, explica Jaimes, quien también es director de la Tecnicatura en Gestión de Medios Comunitarios de la Universidad Nacional de Quilmes.
Presencia territorial
Además de funcionar como oficinas físicas de reclamo y protección de los derechos de los usuarios en materia de tecnología de la información y la comunicación, el Enacom tiene tareas de asesoramiento y dictado de talleres a pueblos originarios, organizaciones sociales y otras comunidades para que puedan desarrollar un proyecto para tener su propia emisora de radio autorizada por el organismo, obtener el equipamiento necesario para transmitir y hasta producir contenidos propios.
“Mis tareas tenían que ver con asesoramiento a radiodifusores privados, comunidades originarias y organizaciones sociales, entre otras, que querían presentarse a un concurso para comprar el equipamiento para poder transmitir, obtener una licencia y hasta realizar programas diarios o semanales. Entonces acompañaba, daba talleres, íbamos con la camioneta del organismo a dar charlas a comunidades, escuelas, universidades e institutos de formación docente”, recuerda Jaimes.
Sin capacitación y sin financiamiento, la representación del mundo que habrá en las pantallas será solo la que se produzca desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y unas pocas productoras comerciales de diferentes provincias.
“Todo lo que sucede en más de la mitad del país va a quedar totalmente desfinanciado y sin la posibilidad de llegar a las grandes audiencias. Un montón de organizaciones que hacen contenidos más vinculados a la educación y a la comunicación comunitaria en las localidades más vulnerables quedarán sin recursos para desarrollar sus actividades diarias a través de programas de radio y de producciones audiovisuales que rescatan voces, miradas, imágenes de la diversidad y de la pluralidad del territorio”, resalta el extrabajador del Enacom.
