Más allá del sentido común: la actualidad de la población venezolana en Argentina
Investigadoras del Conicet analizan la situación de las y los venezolanos a partir de la Encuesta Nacional Migrante de Argentina realizada a fines de 2020.
Ana Paula Penchaszadeh, Julieta Nicolao y Natalia Debandi coordinaron una investigación sobre la situación de la población venezolana en Argentina a partir de los datos obtenidos por la Encuesta Nacional Migrante realizada a fines de 2020. El “Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos de las personas migrantes y refugiadas venezolanas en la República Argentina” analiza distintas dimensiones de la inserción social de venezolanos y venezolanas en el país, desde cuestiones vinculadas al tiempo de residencia, el nivel de educación y su relación con la obtención de empleo formal, el acceso a la vivienda y el cumplimiento de otros derechos humanos básicos.
Entre otros hallazgos, las Investigadoras del Eje Migración y Asilo de la Red Institucional Orientada a la Solución de Problemas en Derechos Humanos (RIOSP-DDHH) del Conicet destacan que más del 90 por ciento de las personas venezolanas residentes en Argentina cuenta con menos de cinco años de residencia en el país y la mayor parte de la población laboralmente activa tiene un elevado nivel de calificación. En este sentido, si bien las mujeres cuentan con un nivel mayor de formación, encuentran mayores dificultades que los varones a la hora de acceder al mercado laboral.
Según las últimas estadísticas, en Argentina residen alrededor de 180 mil venezolanos y venezolanas, convirtiéndose en el sexto país de la región que más población recibe detrás de Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Brasil. La crisis humanitaria que atraviesa Venezuela desde hace varios años generó un fenómeno migratorio que se cuenta de a miles y millones. La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela R4V, organismo co-liderado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), afirma que hay más de 6 millones de refugiados y migrantes en el mundo. De esa cifra, el 82 por ciento se encuentra en América Latina y el Caribe.
Calificados pero con dificultades
La migración venezolana en el país tiene características particulares. Además de ser una población que en su gran mayoría llegó a partir del año 2015, el 67 por ciento terminó sus estudios terciarios o universitarios, lo que se transforma en mano de obra calificada que llega al territorio argentino. Sin embargo, la complejidad burocrática para acreditar títulos y estudios se convierte en un obstáculo difícil de superar. Esto se traduce en que más del 60 por ciento de los venezolanos y venezolanas en el país considera que se encuentra sobrecalificada para el trabajo que realiza en Argentina.
El nivel económico y el acceso a la educación en Venezuela son dos factores que permiten entender por qué el 97 por ciento de la población migrante en Argentina tiene el secundario terminado. Manuel Ruiz Durán, sociólogo y migrante venezolano en Buenos Aires, destaca que “con las políticas de democratización social que se dieron en Venezuela durante los primeros lustros del siglo XXI, amplios sectores de la población lograron acceder a un trayecto educativo más completo. Además, llegar a la Argentina es más complicado que a otros países más cercanos, en el sentido de que se requieren más recursos para lograrlo”. Sin embargo, de la encuesta realizada se desprende que el 84 por ciento de la población venezolana migró de su país por motivos económicos.
Ana Paula Penchaszadeh, una de las coordinadoras de la investigación, resalta otros aspectos de la investigación: “Si bien representan menos del 10 por ciento de la población migrante total, la venezolana es una migración masiva en un período muy corto de tiempo. Más del 70 por ciento tiene entre 18 y 40 años y, a su vez, el 95 por ciento está en edad económicamente activa”. La investigadora afirma que otro factor importante es el género. Se trata de una población levemente feminizada, algo que no se da en otros países de acogida, y además es urbana: el 73 por ciento vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La corta estadía en Argentina de la mayor parte de las personas impacta de lleno en el acceso a la regularidad documentaria, lo que se traduce en dificultades para acceder a seguridad social, salud, educación, derechos políticos, soluciones habitacionales permanentes y trabajos formales asociados a la validación de títulos. “En Argentina hay una cultura arraigada al DNI. La gente que no lo tiene está en una situación de subregistro y no puede acceder a muchísimos beneficios, derechos y servicios. A pesar que la población venezolana tiene facilidades de radicación, el tema de regularización documentaria es un tema importante a tener en cuenta”, subraya Penchaszadeh.
Sobre este aspecto, Ruiz Durán añade: “En Argentina, las personas venezolanas encuentran las oportunidades de regularización que tienen otros ciudadanos provenientes de países del Mercosur. En general, son personas que vienen a reunirse con sus familias que ya se encuentran aquí, o de quienes tuvieron que seguir migrando por el impacto socioeconómico de la pandemia y las experiencias de xenofobia en otros países de la región”.
Crisis humanitaria y bloqueo
Si se tiene en cuenta que, de las 180 mil personas venezolanas que viven en Argentina, más del 90 por ciento llegó en los últimos cinco años, es ineludible no referirse a la situación social y económica de Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Las fechas coinciden con el bloqueo de Estados Unidos junto a la Unión Europea y la imposición de una serie de sanciones que se agravaron a partir de 2015 durante el gobierno de Barack Obama y se exacerbaron en la era Trump.
Según Alena Douhan, relatora de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, las acciones coercitivas unilaterales por parte de EEUU y la Unión Europea contra Venezuela tuvieron efectos devastadores en la alimentación, salud y educación del país. En un informe publicado a principios de 2021, la representante de ONU reveló que el ingreso del Gobierno disminuyó un 99 por ciento y actualmente el país vive con el 1 por ciento del ingreso que tenía antes del bloqueo y las sanciones.
Estos números se traducen en sanciones contra la industria petrolera, aurífera y minera, bloqueo económico y congelación de activos del Banco Central que impiden la obtención de ingresos y recursos para mantener infraestructura y desarrollar programas sociales. Por ejemplo, los impedimentos a la importación de alimentos, que constituyen más del 50 por ciento del consumo, provocaron el crecimiento constante de la malnutrición en los últimos 6 años. En lo referido a sanidad, Venezuela se enfrentó a una grave escasez de vacunas contra el sarampión, la fiebre amarilla y la malaria en 2017-2018. Además, en julio de 2021 el gobierno denunció el bloqueo de 10 millones de dólares para la adquisición de 11 millones de vacunas mediante el mecanismo Covax.
