“Es fundamental unir todas las luchas porque la motosierra no fue contra la casta política, como lo prometió Milei, sino contra la clase trabajadora. Confluimos todos los sectores golpeados por este gobierno y, fundamentalmente, vamos a apoyar a nuestros viejos y viejas que se expresan y son golpeados por las fuerzas de seguridad del Estado Nacional. No podemos naturalizar eso y lo estamos haciendo”, relata Silvia Fernández, integrante del colectivo Ni Una Menos, a la Agencia de Noticias Científicas de la UNQ.
Según el último informe del Centro de Economía y Política Argentina (CEPA), en 2024, el 19,2 por ciento del ajuste del gasto del Estado estuvo explicado por la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones. Asimismo, en junio de este año, con un aumento del 2,8 por ciento (inflación de abril de 2025), la jubilación mínima se ubicará en $304.726. A esa cifra, se le suma que el bono compensatorio que recibía el 70 por ciento de los jubilados fue congelado en $70.000 desde marzo del año pasado.
Como si esto fuera poco, el gobierno redujo los medicamentos totalmente cubiertos y se modificaron los criterios de acceso a aquellos gratuitos. Esto implica en la práctica que menos jubilados y pensionados accedan a los mismos.
Además, en marzo, finalizó la vigencia de la moratoria previsional y el Poder Ejecutivo no la prorrogó. “Esto implica que 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones en edad de jubilarse, deberán conformarse con una Pensión Universal para el Adulto Mayor, equivalente al 80 por ciento de la jubilación mínima y no pensionable”, informan desde el CEPA. En este sentido, esta semana la Cámara de Diputados discute la vuelta de la moratoria previsional.
Ni Una Menos: “la deuda es con nosotrxs”
Bajo este lema, los feminismos vuelven a salir a las calles como lo hacen desde hace diez años y, esta vez, siendo el enemigo principal del gobierno nacional, tal como Milei lo planteó. El Ejecutivo desmanteló 13 políticas públicas de género, así como programas que brindaban apoyo económico, asistencia psicológica y asesoramiento legal a sobrevivientes de femicidios y a familiares de víctimas.
Asimismo, una mujer es asesinada cada 31 horas por el hecho de ser mujer. Desde 2015 hasta la actualidad, se llevaron a cabo 2827 femicidios y en el 85 por ciento de los casos el femicida pertenecía al círculo íntimo o era conocido de la víctima. Sin ir más lejos, en la localidad de Moreno, esta semana se dio a conocer el lesbicidio de una mujer a manos del ex marido de su pareja. “No podemos salir a la calle solo los feminismos, hoy tienen que estar todas las luchas porque necesitamos ir contra la política de este gobierno”, agrega Fernández.
Los hospitales en terapia intensiva
También marcharán los médicos del Garrahan que, al igual que sucede en las universidades y las instituciones científicas, el presupuesto está congelado desde 2023. Así, en el último año y medio renunciaron alrededor de 200 profesionales y hay 500 camas sin cobertura adecuada por falta de personal.
Gerardo Oroz, delegado de ATE en el Hospital, cuenta a la Agencia: “Las respuestas que tuvimos por parte del gobierno fueron agravios, como que los del personal son todos ñoquis. Hay un desconocimiento absoluto del reclamo salarial de la planta. Ofrecieron $1.300.000 a los médicos residentes, pero a la planta, que es el 90 por ciento del hospital, no se les ofreció nada”.
Se suma el Posadas, el hospital público más grande del país, que en un comunicado detalló que un médico residente de primer año y que trabaja 60 horas semanales, gana cerca de $800.000. En este marco, advierten un paro sin guardia para el 10 de junio.
Por otra parte, la Cámara de Diputados también discute un proyecto de ley para personas con discapacidad, mientras que la Asamblea Disca en Lucha, que respalda sus derechos, se manifiesta a las afueras del Congreso. “Las familias con personas discapacitadas tienen que multiplicar esfuerzos para poder afrontar las dificultades que les generaron las modificaciones en los trámites para acceder a las pensiones y la desactualización de los montos. Hoy la pensión es de 270.000 pesos”, apuntan desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
En diálogo con la Agencia, Laura Alcaide, integrante de la organización Orgullo Disca y de la Asamblea, relata: “Es un genocidio contra las personas con discapacidad. No se trata de una palabra vacía: a través de fake news dicen que se otorgan certificados de discapacidad a personas que no les corresponden y, por eso, es que muchas con discapacidad no pueden acceder a sus certificados ni pensiones”.
Además, manifiesta que no se cumple la Ley 24901 que establece un sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral para personas con discapacidad. “No somos sólo prestaciones y pensiones, necesitamos garantizar vidas dignas y, para eso, se necesitan terapias, pensiones, laburos, participación política, tiempos de ocio, deseos, derechos sexuales y reproductivos. Todo esto, por más que se apruebe la ley o no, no está contemplado. Acá se habla solo de un modelo asistencialista y no de garantizar derechos”, pronuncia Alcaide.
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