El gobierno da marcha atrás con el INTI, el INTA y el Banco Nacional de Datos Genéticos

La motosierra se empieza a quedar sin nafta: el Ejecutivo revirtió los decretos que modificaban a los tres organismos.

Protesta de trabajadores del INTI y el INTA frente al Congreso. Créditos: Página 12.

A través del Decreto 627, el gobierno nacional dio marcha atrás con las disoluciones, las fusiones y las transformaciones de diferentes instituciones vinculadas a la ciencia y la tecnología. De esta manera, el Ejecutivo revirtió las intervenciones sobre el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), quienes recuperaron su estructura y su estatus. La noticia se da luego de las derrotas que sufrió La Libertad Avanza en el Senado y en la Justicia, donde una jueza de San Martín dictó una medida cautelar para que el gobierno no aplique el decreto que modificaba al INTA. En medio del escándalo por supuestas coimas, renuncias y millones de dólares que no aparecen, la motosierra empieza a perder fuerza. Lo que resta saber es qué hará el máximo mandatario con la Ley de Financiamiento Universitario, que todavía tiene tiempo para vetarla.

“El funcionamiento administrativo del INTA estaba parado desde la pérdida de autonomía que sufrió a principios de julio. Este decreto nos da esperanza para empezar a trabajar otra vez. El Instituto recupera su gobernanza institucional como organismo descentralizado y vuelve a tener su propia fuente de financiamiento. Ya no dependemos exclusivamente del ministerio de Economía ni tenemos un presidente con todos los poderes a su cargo, que tomaba las decisiones sin consultar a nadie”, explica Mario Romero, secretario general de Asociación del Personal del INTA, en diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes.

Y agrega: “Esperemos que el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, sea reemplazado en los próximos días. Su gestión se desgastó demasiado y no es creíble ni para la Mesa de Enlace ni para los trabajadores del Instituto. Sabemos que el próximo presidente traerá los lineamientos del gobierno nacional, pero tendrá que respetar la cautelar de la Justicia (que por seis meses no pueden echar a ningún trabajador) y tomar las decisiones junto al Consejo Directivo”.

Por el lado del Banco Nacional de Datos Genéticos, el decreto original lo había transformado en un organismo desconcentrado, sin autarquía ni autonomía para disponer y administrar recursos propios. Sin embargo, gracias al Congreso, la Justicia y la lucha llevada a cabo por Abuelas de Plaza de Mayo y otros organismos de derechos humanos, el gobierno nacional también tuvo que dar marcha atrás e incluirlo en el decreto 627.

Por su parte, Giselle Santana, trabajadora del INTI e integrante de la Asamblea Multisectorial del Instituto, resalta en conversación con la Agencia: “Esta victoria no solo se construyó apelando al Congreso, sino a las asambleas, las movilizaciones y el diálogo abierto con la comunidad para explicar la importancia de nuestra tarea. Aportamos un granito de arena en la batalla cultural por la defensa de lo público, lo comunitario y el rol indelegable del Estado en algunos aspectos que involucran a toda la sociedad”.

Pese a la alegría, Santana no baja la guardia y advierte que “la pelea no se termina” con la publicación del decreto 627. “Vamos a seguir luchando por el presupuesto, los insumos, las líneas de trabajo y el salario, porque el vaciamiento se da por goteo. Aunque no se altere la institucionalidad, se vacían los organismos, se pierden compañeros fundamentales y se discontinúan proyectos estratégicos para el país”.

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Viento a favor

Además del INTA, el INTI y el BNDG, el gobierno retrocedió en las disoluciones de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cañamo y del Cannabis Medicinal, del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar y el Instituto Nacional de Semillas. A su vez, el Instituto Nacional de Vitivinicultura y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial corrieron la misma suerte.

La medida se da en medio de un contexto compuesto por varios frentes. Por un lado, las elecciones legislativas que se realizarán el domingo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. A esto se le suma el protagonismo que ganó el Congreso en las últimas semanas, donde aprobó una nueva Ley de Financiamiento Universitario y rechazó los decretos que modificaban las estructuras del INTI, el INTA y el BNDG. Como si fuera poco, diferentes cautelares emitidas por la Justicia también pausaron las intenciones del gobierno.

Al freno realizado por los otros dos poderes del Estado, hay que sumarle los propios errores del Ejecutivo nacional: supuestas coimas, renuncias y millones de dólares que no aparecen. En el caso del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en los últimos días denunciaron a Nicolás Bronzovich por administración fraudulenta. Esto se debe a que el organismo debía recibir 13 millones de dólares a fines de 2024 por la venta de un inmueble ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, el INTA todavía no recibió nada.

Por el lado del INTI, el presidente Daniel Afione renunció el 1 de septiembre (durante su gestión se perdió casi el 25 por ciento del personal y fue acusado de incompatibilidad por integrar una consultora privada que prestaba los mismos servicios que el Instituto) y el gobierno ya oficializó a Miguel Romero como su reemplazante, un abogado y docente de la UBA.