“Ojalá algún día se pida perdón por la violación a los derechos del colectivo travesti-trans”
Claudia Vásquez Haro, presidenta de la organización Otrans, explica la situación actual de la comunidad, a diez años de la Ley de Identidad de Género.
Esta semana se cumplieron diez años de la sanción de la Ley 26.743, que establece el derecho a la identidad de género de las personas y permite la modificación de su sexo de acuerdo a cómo se autoperciba. Así, Argentina se convirtió en el primer país del mundo en reconocer la identidad de género como un derecho humano. Según un informe elaborado por el Registro Nacional de Personas (RENAPER), durante esta década,12.655 ciudadanos y ciudadanas han rectificado su DNI. Además, el 2,87 por ciento se identificó con género no binario.
En este contexto de reconocimiento de las diversidades, la Agencia de Noticias Científicas de la UNQ dialogó con Claudia Vásquez Haro, primera mujer travesti-trans en recibir un doctorado en la universidad pública y en acceder a un empleo público en el Estado bonaerense bajo el encuadre de la Ley de Cupo Laboral Trans “Diana Sacayán”. Además, es presidenta de la organización civil OTrans que lucha por los derechos de este colectivo.
-¿Qué significó la Ley de Identidad de Género?
-El Estado comenzó a reconocer nuestra identidad de género autopercibida y, de esta manera, podemos ser entendidas como sujetas, sujetos y sujetes plenos de derecho. Esto nos permite tener una base para ampliarnos a otros derechos como el acceso a la salud, al trabajo, a la vivienda, a una vejez digna y pensar en las infancias trans. Además, nos permitió combatir el transodio ya que podemos exigir a funcionarios públicos en diferentes estamentos del Estado que se respete nuestra identidad de género. La sanción de esta normativa fue importante pero ya cumplidos sus diez años, podríamos tener en cuenta otras cuestiones.
-¿Cuáles?
-Por un lado, tenemos que explotar las categorías binarias porque son restrictivas y discriminatorias. La Ley de Identidad de Género continúa reproduciendo el sistema sexo-género masculino y femenino, que históricamente han sido las barreras para limitar el derecho a ser quién uno es, y borra la identidad travesti o feminidad travesti-trans. Por otro lado, aún se sigue violando el derecho a la identidad de las personas migrantes.
-¿Cómo sería eso?
-No se contempla el reconocimiento y el respeto a la identidad de género desde el primer trámite migratorio. El proceso para obtener un documento consta de tres partes. En un primer momento, te dan uno que se cambia a los tres meses por otro que es temporal y dura dos años. Luego, te dan el permanente y es recién ahí cuando la ley nos alcanza a los, las y les migrantes y podemos ser reconocidas con nuestra identidad. No estamos pidiendo un documento en el primer trámite sin haber cumplido los años de permanencia, sino que se reconozca nuestra identidad en la primera instancia.
-¿Qué hay del cupo laboral travesti-trans? ¿Se implementa?
-En Buenos Aires se aprobó en 2015 pero recién comenzó a aplicarse, a cuentagotas, con el gobierno de Kicillof. Para que te des una idea, solo el poder judicial tiene alrededor de 19 mil trabajadores y deberían ingresar 1900 trans y travestis, alcanzando así el 1 por ciento que exige la ley. Sin embargo, no hay casi ninguna en el poder judicial. En todos los ministerios y dependencias ingresaron solamente alrededor de 600 compañeras. Además, es importante que la inclusión sea en el marco de la Ley Diana Sacayán —el nombre que recibe el cupo laboral trans en Buenos Aires—.
-¿En qué cambia que se las encuadre en esta ley?
-Por un lado, las resguarda en un eventual cambio de signo de gobierno. Nadie puede echarlas porque están protegidas bajo la normativa. Por otro lado, permite a las organizaciones civiles saber cuántas compañeras trans y travestis han ingresado en el empleo público. Esto también abre otro debate: yo ingresé a trabajar a los 48 años y me voy a jubilar a los 60. Es decir, voy a tener 12 años de aporte, ¿qué va a pasar conmigo? Hay que repensar la jubilación de una comunidad vulnerable, cuya expectativa de vida no supera los 35/40 años.
–Entonces, como ya mencionó, es importante poner en agenda las infancias y la vejez trans…
-Sí. Las infancias deben crecer en espacios libres, sin violencia y sin discriminación. En tanto que se debe reparar e indemnizar a las trans mayores de 40 años porque no han tenido aportes y por la violación a los derechos humanos. Por un lado, la policía ha perseguido, torturado y asesinado a compañeras por parte del Estado. Por otro, hay acción y omisión de políticas públicas del Estado, y por eso hablamos de genocidio travesti-trans. Ojalá algún día un presidente o presidenta pida perdón por la violación a los derechos humanos del colectivo travesti-trans en Argentina.
-En relación al Estado, aún continúa el reclamo de una reforma judicial transfeminista…
-La Justicia es machista, patriarcal, misógina, racista, xenófoba y cuando se judicializa un caso, se lo hace desde una mirada reduccionista. Aún hoy, nosotras seguimos peleando nuestros mismos términos. Por ejemplo, luchamos por la figura de travesticidio, es decir, la muerte de personas trans agravadas por la identidad de género. Vemos un trato desigual en la falta de acceso a la justicia y, por eso desde el feminismo y transfeminismo exigimos una reforma.
