Adentro y afuera del pabellón: ¿son las cárceles espacios de reinserción social?
El hacinamiento y la ausencia del Estado vuelven necesario pensar en nuevas políticas y formas de reincorporar a las personas privadas de la libertad.
Gran parte de la sociedad no conoce lo que es estar en una cárcel, sino que puede imaginarlo a través de lo que ve en los medios de comunicación y por otras vías. Lo que sí se conoce es que el sistema penitenciario en Argentina busca administrar una política de inclusión social, y no de castigo, para las personas privadas de su libertad, tal como se plantea en la Constitución Nacional. Sin embargo, en la práctica esto no funciona así. El hacinamiento en cárceles, así como el alojamiento de personas en comisarías o alcaidías, hace que el sistema penitenciario no opere como un espacio de reinserción social. En este sentido, surgen preguntas: ¿qué rol desempeña el Estado? ¿Qué otras estrategias se pueden llevar adelante?
Según el artículo 18 de la Constitución Nacional, “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice”. Contrariamente, las estadísticas muestran otra cosa. Un ejemplo ilustrativo es el bonaerense: el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) detalla que hasta el 31 de enero de este año había 54.504 personas detenidas en la Provincia de Buenos Aires, incluyendo el monitoreo electrónico. De este total, el 94 por ciento (51.240) se encuentran en cárceles, alcaidías y comisarías—este último tiene prohibido alojar personas—. Los datos agravan aún más la situación. Tal como se muestra en el gráfico proporcionado por el CELS, de este 94 por ciento, casi la mitad no está declarado por el Servicio Penitenciario de esta jurisdicción.
El problema de la sobrepoblación
La sobrepoblación genera condiciones de vulnerabilidad y precarización para las personas privadas de su libertad durante su período de detención. Esteban Rodríguez Alzueta, director del Laboratorio de Estudios Sociales y Culturales sobre Violencias Urbanas (LESyC) de la UNQ, explica a esta Agencia: “La cárcel constituye una gran paradoja al pretender reinsertar a alguien en la sociedad sacándola de la misma. Allí no se dan mejores condiciones para que las personas se reinserten, sino que se generan nuevas dificultades o las agrava”.
“La cárcel constituye una gran paradoja al pretender reinsertar a alguien en la sociedad sacándola de la misma”.
— Esteban Rodríguez Alzueta, docente e investigador de la UNQ.
Además, el docente investigador detalla: “No sólo porque la persona saldrá con un certificado de mala conducta que lo va a sustraer del mercado laboral formal, sino porque lo vuelve vulnerable frente al hostigamiento policial. Así como también, se erosionan los vínculos afectivos. Se pierden amigos, parejas, se ganan nuevos enemigos y se acumulan desconfianzas y estigmas en el barrio y la familia”.
En la misma dirección, Ana Sicilia, comunicadora social de la UNQ e impulsora del proyecto “Libros en los pabellones”, plantea que se necesitan políticas destinadas específicamente para las personas privadas de la libertad. “Cuando los internos cumplen la condena y salen, el Estado no está y quedan a la deriva. De alguna manera eso deja a toda la sociedad a la deriva porque después vamos y nos quejamos de la inseguridad que hay”, apunta.
Libros en los pabellones
Como en los trabajos formales se suelen pedir antecedentes penales, se deja afuera a las personas ya liberadas y, de cierta manera, se reproduce un estigma. “Cuando salen de la cárcel, se las ve con un sello en la frente que indica que estuvo preso. Entonces, ante la ausencia del Estado, les digo que se rebusquen la vida creando sus propios proyectos”, cuenta Sicilia, que desde 2017 lleva adelante el proyecto “Libros en los pabellones”. A través de donaciones, la comunicadora arma bibliotecas en distintas cárceles del país y, actualmente, busca llevar este proyecto un escalón más arriba: “Quiero armar una fundación con el objetivo de que más personas puedan sumarse a esta iniciativa”, cuenta.
“A veces no se reconoce el potencial que puede tener un libro para una persona en contexto de encierro. Como sucedió, por ejemplo, con César González que un día leyó ‘Operación Masacre’ y después de eso, estudió y ahora tenemos un gran cineasta”. Además, continúa: “Me llegan mensajes de las familias o de los mismos internos que me dicen ‘che, me leí tres libros más’. Yo pienso que los libros son semillas y espero que puedan prender en ellos. Imaginate que algunos internos estan ocho o diez años en la cárcel. Cuando tengan que volver a la sociedad, ¿van a volver igual o hacemos algo para que pueda cambiar?”.
En coincidencia, Alzueta subraya: “Debemos imaginar otras formas de ejercer el reproche. El Estado funciona como una máquina que permanentemente está sustrayendo de circulación a determinados contingentes poblacionales para vulneralizarlos y precarizarlos aún más. El encarcelamiento actual es preventivo, clasista, rotativo y juvenil. Entonces, hay que evitar la judicialización porque la justicia trabaja con la población que les aportan las policías”. Y remata: “Hay que crear otras agencias que lleguen antes que la propia policía. No hay que dejar solas a las personas que tienen dificultades sociales, hay que acompañarlas, dándoles dos o tres oportunidades. No sólo hay que trabajar con la víctima sino también con los victimarios a través de políticas de la amistad y el perdón”.
