Caza de animales: ¿cuál es el presente de una actividad envuelta en debates éticos?

En algunos casos, como en Argentina, es una práctica legal y en otros, su regulación es deficiente. La biodiversidad amenazada y el rol del Estado.

Entre los árboles y a la luz del día, un cazador apunta con su arma. Créditos: turismoentrerios.com
Entre los árboles y a la luz del día, un cazador apunta con su arma. Créditos: turismoentrerios.com

Mario Alberto Canales Najjar, quien era presidente de la Federación Mexicana de Caza A.C., falleció el siete de octubre cuando fue embestido por un búfalo al que intentaba cazar. El hecho ocurrió en un coto de caza ubicado a 50 kilómetros de Gualeguaychú, Entre Ríos. La muerte del cazador abrió un abanico de preguntas y cuestionamientos, tanto ambientales como sociales, culturales, económicos y éticos. Sin embargo, hay una actividad que siempre está en tela de juicio: la caza. Aunque cazar es una actividad legal en Argentina y existen diferentes reglamentos que regulan su práctica, la forma, los modos y los animales que se cazan no están completamente controlados en los hechos.

En diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la UNQ, Néstor Centeno, docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, afirma: “Hay legislación, pero el negocio de la caza es muy difícil de monitorear. Suele haber mucha negligencia entre la gente que hace esta actividad por dinero y los organismos de control”.

Mariano Merino, docente e investigador de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), refuerza esta visión en conversación con la Agencia. “El Estado no está presente. Hay muchas leyes de manejo de recursos, pero el poder de control es mínimo. Al estar ausente de la regulación, deja liberadas al azar un montón de cuestiones. Estaría muy bueno que tenga más presencia”, advierte.

¿Una opción turística?

Cazar significa perseguir o apresar animales de la fauna silvestre para capturarlos o matarlos con armas u otros medios. En Argentina, esta actividad es legal y está regulada por el decreto 666/97 para conservación de la fauna. Allí, el país tipifica cuatro tipos de caza: deportiva; comercial; de control de especies perjudiciales; con fines científicos, educativos, culturales, para zoológicos o para criaderos o cotos de caza.

Los cotos de caza son establecimientos que, en teoría, están habilitados para realizar la caza deportiva con armas de fuego y pueden estar en manos privadas o estatales. Entre los requisitos que establece el decreto para la habilitación, los cotos deben estar inscriptos en un registro determinado y deben indicar ubicación, extensión y límites aproximados. Además, deben cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones legales sobre caza y conservacionismo; hacer una evaluación tentativa de la fauna de caza e informar anualmente a la autoridad de aplicación; y confeccionar planes de administración y manejo de la fauna de caza.

En general, los animales que se cazan son exóticos, lo que significa que no son especies autóctonas sino que alguien alguna vez las introdujo. Así, jabalíes, patos, ciervos, búfalos, antílopes y cabras salvajes son algunos animales que pueden cazarse en distintas provincias.

A su vez, estos cotos están pensados para un público extranjero. Estas opciones turísticas no solo incluyen la caza sino hospedajes de lujo y comidas típicas regionales. De esta manera, turistas que llegan desde Europa y Estados Unidos pagan cientos de dólares por día para disfrutar de todo el paquete y disparar algunos tiros. La Pampa es la provincia argentina que más cotos tiene y donde más se explota económica y turísticamente la caza deportiva. Pese a que esta actividad está amparada por la ley, los cuestionamientos surgen por las condiciones en las que se encuentran los animales, cómo llegan a los cotos de caza y cuáles son las reglas que imponen los establecimientos a sus turistas.

Controlar a las invasoras

Más allá del debate ético sobre matar animales por placer y goce humano, en algunos casos la caza sirve para controlar especies invasoras que se reproducen libremente y amenazan a la biodiversidad autóctona. Un caso concreto es el del Parque Nacional El Palmar, ubicado en Entre Ríos, donde hay un programa de control de especies exóticas basada en cazadores y se sujetan al tipo de caza de control de especies perjudiciales explicitada en el decreto 666/97 y la lista oficial de exóticas que provee el ministerio de Ambiente.

Allí, el principal apuntado es el jabalí. Introducido desde Europa en La Pampa en el siglo XIX con fines de caza, genera un impacto negativo en los animales autóctonos, ya que compiten por el lugar y el alimento. Además, pueden resultar inmunes a enfermedades y generan problemas en las plantas de su entorno. En el Palmar se introdujo en la década de 1950 y actualmente es muy abundante en el Parque. Se alimenta de raíces, frutos, renovales de palmera, huevos y crías de otros animales.

En este sentido, Merino sostiene que la función de regulación de poblaciones por parte de la caza está desarticulada, particularizada y con un estado ausente la mayoría de las veces. “Hay que trabajar mucho para organizar a los cazadores, que pasen a ser controladores de fauna y puedan actuar como aliados de la conservación de las especies”, resalta.

Sin embargo, la experiencia de El Palmar constituye una excepción a la regla. Centeno fija la discusión en términos políticos y advierte el peligro de dejar en manos de los privados la conservación de la biodiversidad y el manejo de los recursos naturales. “Si bien los animales exóticos y los cotos pueden ser económicamente rentables para el dueño, en términos ecológicos no son útiles y son peligrosos. La discusión es hasta dónde tienen permitido manejar el recurso natural de la manera que les parezca conveniente. Debe ser el Estado quien regule esta cuestión”, cierra.

La discusión en torno a la caza es válida y necesaria, en especial cuando no hay ninguna necesidad más que satisfacer el entretenimiento de algunas personas. También es cierto que es una actividad que puede estar orientada al manejo y control de especies exóticas que invaden territorios, desplazan, eliminan y modifican la biodiversidad autóctona de las regiones donde se establecen. En este sentido, debe ser el Estado el que regule con más firmeza el cumplimiento de las leyes existentes y establezca reglas claras y concretas para preservar los recursos naturales y el medio ambiente por encima del lucro como único eje rector.


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Nicolás Retamar

Redactor. Docente y licenciado en Comunicación Social.