Peronismo y proscripción: similitudes y diferencias entre los casos de Perón y Cristina
Aunque parezca una herramienta nueva, la utilización de la justicia para perseguir tiene casi 70 años. Objetivos, modos y formas de ayer y de hoy.
El martes 5 de diciembre de 2022 pasó a la historia. La expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue declarada culpable por “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” y condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La condena tiene dos instancias de apelación y los argumentos del fallo se conocerán el 9 de marzo de 2023. Aunque parezca algo novedoso, la utilización del Poder Judicial para prohibir la participación en elecciones de la máxima líder argentina del siglo XXI no es algo nuevo. Lo innovador de este fallo tiene que ver con los fines que persigue: no solo busca un cambio de paradigma político, sino en especial económico. Para el peronismo, la historia de delitos vinculados a la corrupción para el armado de causas comenzó con el golpe de Estado de 1955.
Las comisiones del 55
Con la toma del poder consumada tras el golpe, el máximo líder en el exilio y proscripto junto a un sinfín de símbolos, la autodenominada Revolución Libertadora creó comisiones investigadoras para indagar las supuestas irregularidades durante los gobiernos de Juan Domingo Perón y, de ese modo, perseguir a los funcionarios depuestos del peronismo.
En los casi seis meses que duraron, más de 400 comisiones y subcomisiones investigaron ministerios, organismos autárquicos, empresas estatales, negociados y personajes o grupos sospechosos. La corrupción, los ‘escandalosos negociados’ y el ‘funesto régimen peronista’ eran los conceptos claves para demostrar que todo había sido un engaño y lograr la ansiada desperonización que deseaba el antiperonismo. Exparlamentarios, dirigentes sindicales y hasta simpatizantes fueron allanados y detenidos bajo la acusación de asociación ilícita e incremento patrimonial no justificado en la mayoría de los casos.
Las labores de las comisiones fueron ampliamente difundidas por diarios como Clarín y La Nación. En portada y en las primeras páginas, noticias como documentos hallados en domicilios de exfuncionarios, detenciones de peronistas que intentaban fugarse con joyas y millones de dólares o que eran propietarios de estancias y residencias con miles de hectáreas marcaban la agenda cotidiana.
El Partido Judicial y el lawfare
Pese a que hay intentos de asesinato para terminar con la vida de líderes populares (Nicolás Maduro, Evo Morales y la propia Cristina recientemente), los golpes de Estado ya no suelen realizarse con armas sino a través de jugadas parlamentarias o denuncias de fraude electoral. Sin embargo, el llamado lawfare, con su pata judicial y mediática, no es algo nuevo.
El armado de causas vinculadas a la corrupción, la utilización del poder judicial y los medios de comunicación para hacer política y correr de la escena a figuras claves lleva casi 70 años (si su punto de partida es 1955). En este nuevo siglo, Milagros Sala y Amado Boudou dieron cuenta de esta situación varios años antes que la propia vicepresidenta.
Lo nuevo del contexto actual tiene que ver con los fines de la proscripción de la representante popular más importante de este siglo en el país. Además de un odio exacerbado al peronismo –ahora encarnado en el kirchnerismo–, la necesidad de implantar un modelo económico neoliberal afín a sus intereses y deseos constituye lo original de lo que Cristina Fernández de Kirchner denominó como “Estado paralelo y mafia judicial”.
“Una novedad es que la trama que promueve el lawfare hoy tiene un consenso en torno al neoliberalismo. No sólo coincide en su rechazo a todo lo que Cristina representa, sino que viene con una agenda económica compartida. Eso no logró tenerlo la llamada libertadora porque era más heterogénea, sólo coincidían en el antiperonismo recalcitrante”, señala María Lucía Abattista, docente de la UNQ especialista en Historia Argentina, en diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la UNQ.
El control del Estado sobre los precios y la regulación del mercado, la puja por la redistribución de la riqueza, la ampliación de derechos civiles y la negativa a realizar reformas laborales y previsionales son algunas de las causas que incitan a fiscales y jueces a dictaminar sentencias afines a los intereses de los grandes empresarios que utilizan al Estado y sus resortes para hacer negociados. Quien resista a sus designios debe merecer un castigo ejemplificador y aleccionador mediante el poder de la ley.
El poder de la historia
Aunque nunca se repite de forma lineal, muchos de los secretos y explicaciones del presente están guardados en el pasado. La utilización de los medios de comunicación para construir un relato que vincula automáticamente a gobiernos populares con corrupción y a representantes de una porción mayoritaria del pueblo con ladrones y autoritarios es vieja como la mentira. Incluso, ya está ampliamente estudiada y analizada.
El clima que crean estos medios es el que permite a comisiones y fiscales llevar adelante investigaciones para demostrar que esa supuesta corrupción es cierta, en un círculo que se retroalimenta permanentemente. Esto también ya fue documentado y revelado hace años.
Sin embargo, todo esto parece nuevo y sorprendente. Incluso, se le ponen nombres traídos de otras latitudes para denominar algo que ya sucedió. Por eso, aunque con la historia sola no alcanza, su análisis, entendimiento y vinculación con el presente debe ser el punto de partida para reflexionar sobre los acontecimientos actuales.
