La experiencia del Registro Nacional de Barrios Populares se presentó en la UNQ
Se trata de un libro que repasa cómo fue el primer relevamiento de la historia de villas y asentamientos de Argentina. El evento contó con la presencia del rector Alfredo Alfonso y Juan Grabois.
Se presentó el libro “La experiencia del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP)” en el auditorio de la Universidad Nacional de Quilmes. El texto publicado por Editorial UNQ aborda el primer proceso de relevamiento de estos barrios en 2016 y sus consecuencias inmediatas. Se trata de una reconstrucción donde son los propios protagonistas quienes relatan los inicios de la política de integración social y urbana en Argentina. El evento contó con la presencia del rector Alfredo Alfonso, el dirigente social Juan Grabois, Fernanda Miño, secretaria de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y Fernanda García Monticelli, una de las compiladoras del trabajo.
“Es un trabajo muy importante que se inició en 2016 y permitió hacer un relevamiento de todos los barrios populares del país en tiempo récord. Tuvo un desarrollo territorial impresionante y contó con la participación de más de 13 mil relevadores y relevadoras de las organizaciones sociales. Ese censo derivó en la publicación de un registro oficial que fue el puntapié inicial para hacer la mayor expropiación de Argentina, a través de la ley 27.453”, resaltó García Monticelli, en diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes.
Por su parte, el rector de la Universidad Alfredo Alfonso destacó la importancia de este libro que ayuda a comprender el escenario social argentino. “Es un trabajo inmenso que se hizo con mucho compromiso y seriedad. En Argentina necesitamos datos genuinos, reales y actualizados sobre el territorio. Tenemos alrededor de 5.700 barrios populares en Argentina y hasta este material no sabíamos cuántos había”.
A su vez, Grabois advirtió que las iniciativas que incluyen a los sectores más desprotegidos están en peligro. “Todas estas políticas se las van a querer sacar para serrucharlas, ‘motosierrarlas’, vaciarlas o entregárselas a los políticos tradicionales. Son iniciativas de las que nadie se puede apropiar porque salieron aprobadas casi por unanimidad y nadie puede currar, no hay caja política. Entonces, es demasiado para que siga ocurriendo y van a querer destruirla. Además, es más cómodo no hacer que hacer”.
Apostar a la cultura del encuentro
El primer relevamiento nacional de barrios populares de la historia argentina se realizó entre agosto del 2016 y mayo del 2017. Sin embargo, no se trata de una estadística cerrada y definitiva, sino de un proceso que se actualiza de forma permanente gracias a la organización comunitaria de quienes viven en villas y asentamientos.
Fernanda Miño, que además fue una de las relevadoras de su barrio, señaló: “El ReNaBaP nació a partir de las necesidades propias de los barrios populares de organizarse y reclamar los derechos no reconocidos por el Estado. En el medio de la cultura del descarte y del dolor de sentirse discriminado, el Registro nos ayudó a apostar a la cultura del encuentro entre varios sectores”.
Para que una villa o un asentamiento sean registrados en el ReNaBaP, debe tener un mínimo de ocho familias agrupadas o contiguas. Además, más de la mitad de la población no debe contar con título de propiedad del suelo, ni acceso formal a al menos dos de los servicios básicos: agua corriente, energía eléctrica con medidor domiciliario y red cloacal formal.
Según el ReNaBaP, en el país existen 5.687 barrios populares que albergan a alrededor de cinco millones de personas. Entre 1980 y 2018 se crearon el 80 por ciento de las villas y asentamientos que fueron registradas. Del total, casi el 60 por ciento tiene una conexión irregular a la red de agua y de electricidad. Además, menos del 3 por ciento tiene conexión formal a la red cloacal.
Una brecha por cerrar
El ReNaBaP sirvió para identificar aquello que estaba invisibilizado y poner sobre la mesa la realidad que viven más de un millón de familias. En este sentido, Miño resaltó: “El Registro sirvió para dotar a los barrios de un nombre y georreferenciarlos en un mapa. Después empezamos a diseñar el acceso a los servicios básicos, que creemos que es la gran brecha de la inequidad. No se puede diseñar un futuro cuando hay familias que no acceden al agua, la cloaca, la electricidad y no tienen seguridad en la tenencia de su casa”.
Aunque el 99,9 por ciento de las familias no tienen título de propiedad, muchas pudieron acceder al Certificado de Vivienda Familiar (CVF) gracias al relevamiento y pudieron solicitar conexión formal a los servicios públicos y asegurar la posesión de sus viviendas. Otorgado por la Administración Nacional de la Seguridad Social, el CVF es una herramienta de reconocimiento que demuestra domicilio y antigüedad. Además, permite a las personas solicitar prestaciones de salud, previsionales, educativas, el CUIT y el CUIL.
Gracias a la Ley de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana (Ley 27.453), el Estado puede realizar las expropiaciones necesarias para entregar los dominios de cada vivienda a los ocupantes legítimos de los barrios populares y comenzar un proceso que incluye el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, la accesibilidad y la conectividad, el fortalecimiento de las actividades económicas familiares y la seguridad en la tenencia de los terrenos y las viviendas.
