La oposición buscará convertir en Ley el proyecto de Financiamiento Universitario
Los senadores lograron el dictamen y confían en su aprobación. Sin embargo, Javier Milei ya anunció que será vetada al igual que la movilidad jubilatoria.
Los bloques opositores obtuvieron dictamen favorable para tratar el Financiamiento Universitario en la próxima sesión del Senado. El proyecto ya obtuvo media sanción en Diputados y buscará convertirse en Ley. Como en la Cámara Alta confían en su aprobación, Javier Milei ya anunció su veto, al igual que lo hizo en los últimos días con la movilidad jubilatoria. El texto de la norma prevé la actualización de los gastos de funcionamiento, las becas estudiantiles y la recomposición de los salarios docentes y nodocentes. En este sentido, los sindicatos planean movilizarse hasta el Congreso de la Nación para apoyar la medida. Aunque desde el oficialismo justifican al presidente porque la Ley tendría un impacto fiscal de más de 730 mil millones de pesos (alrededor del 0,14 por ciento del PBI), un informe de la UBA advierte que el dinero equivale a lo que el Estado pierde de recaudación por la reducción del impuesto a los Bienes Personales.
“No es un tema de si hay o no hay plata, sino es un tema de dónde están las prioridades. Hay un doble estándar a la hora de gastar y ver cuál es el costo fiscal. Todos queremos un Estado ordenado y una macroeconomía ordenada porque es lo único que nos ordena la vida, pero elige el gobierno dónde desordenar fiscalmente y dónde pretende ordenar. Nunca escucho que cuando hay que bajarle el impuesto a los bienes personales, a los más ricos de los más ricos, el gobierno diga de dónde lo va a sacar”, dijo Martín Lousteau durante la Plenaria en la cual se obtuvo el dictamen para tratar la Ley.
Quien tiene la llave para que el proyecto se trate en la Cámara Alta es Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, dado que ella es la encargada de convocar la sesión. Aunque a mediados de agosto –en el marco de la media sanción en Diputados– se mostró como “orgullosa egresada de la universidad pública” a través de un posteo en redes sociales, hasta el momento no se realizó ningún anuncio oficial y todavía es una incógnita.
Entre reuniones y movilizaciones
La previa de la media sanción que falta para aprobar la Ley de Financiamiento Universitario llega entre declaraciones, informes y distintas actividades de visibilización. Quienes se reunieron en los últimos días fueron los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional donde, en el marco del 92° plenario celebrado en La Pampa, advirtieron que “el estado de situación de la ciencia en la Argentina es alarmante” y “la situación salarial es crítica”.
“Convocamos a nuestras comunidades universitarias a velar por el sostenimiento de la política científica de nuestro país que, de no mediar un cambio trascendental de las políticas del gobierno nacional, se encamina a experimentar un proceso de deterioro sin precedentes, lo que impactará directamente en la soberanía y el desarrollo nacional”, resaltaron en un comunicado.
Asimismo, los rectores de las universidades nacionales radicadas en Buenos Aires sostuvieron un encuentro en Lomas de Zamora con senadores de la Unión Cívica Radical y Unión por la Patria para pedir por la aprobación de la Ley.
Además de las máximas autoridades universitarias, los sindicatos docentes y nodocentes llevaron adelante diferentes formas de protesta y se espera que movilicen al Congreso cuando se trate el proyecto en el Senado. De hecho, el martes hubo un “ruidazo nacional” que incluyó manifestaciones por los pasillos y las aulas de las Casas de Altos Estudios, como así también concentraciones en los principales puntos de algunos distritos.
Estado de situación
Según un informe realizado por Universidad Pública Argentina (espacio que nuclea a todas las instituciones del país), más del 85 por ciento de los docentes universitarios cobra por debajo de la línea de pobreza, al igual que el 60 por ciento de los nodocentes. Entre noviembre de 2023 y julio de 2024, la pérdida de poder adquisitivo real fue del 33 por ciento, con una inflación acumulada de casi el 135 por ciento frente a una recomposición salarial del 57 por ciento.
De hecho, si se lo compara con los países limítrofes, el sueldo en dólares de los docentes argentinos es el más bajo de todos. Mientras que un profesor universitario en Argentina cobra 1.124 dólares, en Paraguay cobraría 1.870, en Bolivia 2.170, en Chile 2.318, en Uruguay 3.443 y en Brasil 4.231.
Con salarios que no alcanzan a cubrir la canasta básica, los docentes y nodocentes tienen dos caminos: sumar trabajos extras por fuera de las universidades y dedicarle menos tiempo a su anterior actividad, o bien directamente renunciar al empleo e ingresar a trabajar a empresas o universidades privadas donde el sueldo es mayor. De las dos maneras, las universidades disminuyen su calidad y los afectados son los estudiantes.
Un informe realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso destaca que la aprobación de la Ley costaría más de 730 mil millones de pesos, lo que significa cerca del 0,14 por ciento del PBI. Por eso, desde el Ejecutivo afirman que es inviable y que será vetada ya que impactará sobre las cuentas públicas y el superávit fiscal que cuidan el presidente y el ministro de Economía.
Sin embargo, un estudio hecho por el Centro de Estudios para la Recuperación Argentina (Centro RA, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA) resalta que “el ajuste que el gobierno hace en la educación universitaria es igual a los beneficios impositivos que le otorga a los sectores más ricos”. De esta manera, el dinero podría obtenerse con lo que el Estado deja de recaudar por la reducción del impuesto a los Bienes Personales o por el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, que equivale al 0,22 por ciento del PBI.
“El análisis del esfuerzo fiscal destinado a la actualización de los recursos del sistema universitario revela una discrepancia alarmante en las prioridades del Estado. Con un esfuerzo fiscal equivalente al 0,14 por ciento del PBI, similar al beneficio otorgado a las élites más adineradas del país y significativamente inferior al régimen de promoción industrial en Tierra del Fuego, se evidencia que la inversión en educación superior y ciencia queda relegada ante los intereses de los sectores más ricos”, destacaron desde el Centro RA.
