Qué implica la privatización de IMPSA, una empresa clave para la generación de energía
Podría ser la primera venta del gobierno. El Estado se había transformado en accionista mayoritario durante 2021 para proteger más de 700 puestos de trabajo. La compañía participa en proyectos nucleares, hidroeléctricos, solares y eólicos en todo el mundo.
Avanza la privatización de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A. (IMPSA), la empresa argentina especializada en generación de energía a partir de recursos renovables. El gobierno nacional posee el 63,72 por ciento de las acciones y la provincia de Mendoza el 21,2 por ciento. Por eso, la legislatura mendocina avanza en la cesión de su parte a Nación para facilitar la entrega. La compañía ya cuenta con cuatro oferentes (tres internacionales y uno nacional), aunque la opción con más fuerza es la estadounidense ARC energy, que ya ofreció 30 millones de dólares por el 85 por ciento del paquete accionario. A través de proyectos de energía hidroeléctrica, solar, eólica y nuclear, IMPSA participa de proyectos en todo el mundo. De esta manera, exporta el 85 por ciento de su producción y tiene presencia en más de 40 países. Además, la empresa se dedica a la generación de equipamiento para la industria de petróleo y gas.
IMPSA es la única compañía en Latinoamérica con tecnología propia para equipos de generación hidráulica y para el diseño y fabricación de componentes nucleares. Entre sus proveedores aparecen YPF, Enarsa, las Fuerzas Armadas, el Ejército de Estados Unidos, Dioxitec, Nucleoeléctrica, Yaciretá y el CAREM, el primer proyecto de reactor nuclear argentino.
“La privatización de IMPSA significa la entrega de un patrimonio estratégico nacional, con la gravedad de que su potencial comprador sería la empresa estadounidense Arc Energy. Es decir, se trasnacionaliza una industria clave en materia de capacidades de innovación y desarrollo para reindustrializar el país. Además, es un retroceso para el sector energético porque implica la pérdida de capacidades para el sector nuclear, ya que posee certificación para la construcción de componentes como generadores de vapor para centrales nucleares de potencia”, señala Nicolás Malinovsky, director del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología, en diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes.
En junio de 2020, la empresa había pedido ayuda al gobierno de Alberto Fernández para “garantizar la continuidad de proyectos nacionales de importancia estratégica para la Argentina”. Así, en 2021 el Estado se quedó con el 80 por ciento de las acciones para resguardar más de 700 puestos de trabajo. Sin embargo, desde el Ejecutivo nacional y provincial ahora buscan convertirla en la primera privatización.
Cómo salvar a la compañía
En conferencia de prensa y acompañado por funcionarios del Ejecutivo nacional, el gobernador mendocino Alfredo Cornejo sostuvo que “es prioritario el proceso de salvación de la compañía” –que tiene una deuda aproximada de 500 millones de dólares– y que IMPSA “puede ser útil en la etapa que viene”. Asimismo, criticó a los legisladores que votaron en contra de la privatización: “Ellos quieren que la empresa siga siendo estatal, sueñan con una economía soviética sabiendo que eso ha fracasado”.
Ubicada en Mendoza, en IMPSA se fabrican componentes claves para parques eólicos, centrales de generación de energía nuclear y equipos de proceso para la industria del petróleo y el gas. Entre sus últimos logros se encuentran la participación en un proyecto hidroeléctrico en India, el acuerdo con la Comisión Nacional de Energía Atómica para fabricar componentes auxiliares del reactor CAREM, la construcción de un parque solar en La Rioja y el acondicionamiento de un equipo para que YPF produzca combustible exportable.
“La privatización de IMPSA supone una pérdida de autonomía en el impulso no solo del sector nuclear, sino de la industria en general. Además, se pierden capacidades de innovación y desarrollo que hacen a la soberanía nacional. A lo largo de la historia, las privatizaciones en el país han sido para el desmantelamiento de las capacidades desarrolladas en sectores de alto valor agregado”, subraya Malinovsky.
Asimismo, el especialista en energía pone el foco en el rol de Estados Unidos y la transición energética. “Esta privatización se da en el contexto de la denominada transición energética global, donde EE.UU. anunció el Proyecto Acelerador de Transición a Energía Limpia (CETA, por su sigla en inglés) en Argentina, que propone otorgarle al gobierno 500 mil dólares en ‘asistencia técnica’ para dicha transición. Por eso, esta maniobra puede ser vista como parte de una agenda impuesta. Además, IMPSA sería una pieza clave para los capitales norteamericanos debido a la capacidad de desarrollo que posee”, advierte.
