Impulsan una consulta popular para sancionar la Ley de Financiamiento Universitario en 2025
Tras el veto del presidente y el apoyo de un sector del Congreso, académicos plantean esta alternativa que avala la Constitución y no podría frenar el Ejecutivo.
Después del veto presidencial y el apoyo de un sector del Congreso, un grupo de académicos impulsa una consulta popular vinculante a favor de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta alternativa está avalada por la Constitución y, en caso de ser aprobada por la mayoría de los votantes, se convertiría automáticamente en Ley, sin la posibilidad que el Ejecutivo pueda frenarla. Ante los recortes que asfixian a las Casas de Altos Estudios y a sus integrantes, sumado a un presupuesto 2025 que otorgaría la mitad del dinero que sugiere el Consejo Interuniversitario Nacional y profundizaría la situación, la consulta popular es una forma de ejercer la democracia directa y detener la avanzada del gobierno nacional sobre la educación superior
“Nos parece una alternativa muy poderosa para que la ciudadanía decida en forma directa qué quiere hacer con nuestras universidades, si mantenerlas en este estatus que el gobierno está generando de inanición y con una progresiva disminución de sus capacidades, o sostenerlas de manera que puedan garantizar todas sus actividades académicas en educación, en investigación científica y tecnológica, y en extensión universitaria con calidad, inclusión y pertinencia”, destaca Mario Lozano, investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y uno de los impulsores de la iniciativa, en diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la UNQ.
Para que se realice la consulta popular vinculante, el Congreso tiene que votar un proyecto de ley que habilite la convocatoria. En caso de ser aprobado ese dictamen que permita la realización de la consulta, el presidente no puede impedir que se haga. Al ser vinculante, el voto de la ciudadanía es obligatorio y deben participar al menos el 35 por ciento de las personas inscriptas en el padrón electoral nacional.
Si la opción a favor del Financiamiento Universitario obtiene la mayoría de votos, automáticamente se convierte en Ley y deberá ser publicada en el Boletín Oficial dentro de los diez días hábiles posteriores a la proclamación del resultado por la autoridad electoral. Si el resultado es negativo, deberán pasar dos años para la realización de una nueva consulta.
“Debemos avanzar utilizando las herramientas que brinda la Constitución Nacional para garantizar que las universidades nacionales puedan funcionar correctamente. Consideramos que esta alternativa permitiría que el favor popular del que goza la universidad pública se exprese a través de la democracia directa. Además permitiría canalizar la potencia del movimiento estudiantil, uno de los actores más dinámicos del momento que mostró su decisión de luchar en contra del desfinanciamiento”, destacaron los impulsores de la consulta a través de un documento.
A pesar de las marchas federales a favor de las universidades públicas, los paros, las tomas, los reclamos y la propia aprobación de la Ley de Financiamiento, el gobierno nacional continúa con los recortes salariales y presupuestarios. Esta decisión política impacta no solo en la vida cotidiana de los trabajadores docentes y no docentes, sino también en los estudiantes y en toda la comunidad.
Por ejemplo, la Universidad Nacional de Quilmes suspendió la inscripción de nuevos ingresantes a las carreras de Informática porque no puede garantizar el acceso en condiciones adecuadas. “La situación presupuestaria que el actual gobierno plantea para el 2025 ve imposibilitada la inversión en tecnología indispensable para el dictado de clases a más estudiantes, como así también restringida la posibilidad de contratos o ampliaciones de la planta docente. Adicionalmente, el deterioro salarial que sufre la docencia universitaria hace cada vez más difícil sostener el plantel de profesores/as de estas especialidades”, resaltaron desde la Universidad.
Según el Grupo Economía, Política y Ciencia del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología y Desarrollo, el conflicto universitario se enmarca en una proyección presupuestaria para el bienio 2023-2025 “que apunta a retraer la inversión pública en Universidades Nacionales en un 34,4 por ciento real, en tanto la masa salarial caería un 37,2 por ciento real, si se cumplieran las proyecciones oficiales plasmadas en el Presupuesto 2025 enviado al Congreso por el Gobierno Nacional”.
Es por eso que, en este marco de recortes presupuestarios que afectan a la educación superior pública y de calidad, distintos miembros de la academia apelan a la democracia directa y al prestigio que gozan las universidades nacionales en la ciudadanía para cuidar el presente y el futuro.
